Editorial
Derecho Internacional Privado y Conflictos Normativos Internos derivados de los nuevos Estatutos de Autonomía
1. Alejados del morbo mediático y del ruido (más que debate) político, desprovisto casi siempre de razonamientos técnico-jurídicos, es preciso describir desde nuestra vertiente de reflexión doctrinal el panorama institucional y normativo derivado de los, hasta el momento, cinco nuevos Estatutos aprobados (correspondientes, en orden cronológico de aprobación y publicación en el BOE, a la Comunitat Valenciana, Cataluña, Illes Balears, Andalucía y Aragón), y analizar su proyección sobre los parámetros de referencia citados. La nueva redacción de los cinco Estatutos aporta para nuestro colectivo internacionalista sugerentes ámbitos de estudio, desde la dimensión o acción exterior de las CCAA hasta la previsión (casi mimética en todos ellos) de las relaciones con la Unión Europa. Se alcanza así un grado de desarrollo normativo en el denominado “bloque” de constitucionalidad que deberá ser necesariamente abordado en una futura reforma de nuestra Constitución (CE), de forma que se supere la genérica cláusula del vigente artículo 93 (precepto que simplemente legitima la transferencia del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución) y se contemple de forma expresa el fundamento jurídico de la participación española en la construcción europea, sus consecuencias institucionales y los valores que deben presidir tal proceso.
2. La estructura interna de nuestro sistema jurídico español queda integrada por todo un conjunto de normas destinado a resolver los llamados conflictos internos, derivados de la coexistencia en nuestro país de los diversos ordenamientos civiles forales frente al Derecho común. El sistema jurídico español se ubica en el grupo de los ordenamientos complejos o pluralistas, caracterizado por la presencia de conflictos internos de carácter interterritorial. La Constitución constituye la regla base sobre la que se articula este nivel, que atiende a supuestos del llamado tráfico jurídico interregional y cuya delimitación ratione materiae revela un ámbito material centrado, hasta el presente, en específicos sectores del Derecho de familia (básicamente, matrimonio y sucesiones), junto a cuestiones vinculadas al concepto de propiedad, y sólo en la vertiente de ley aplicable.
Sin embargo, junto a la que cabría calificar como dimensión tradicional de los conflictos internos se añade en la actualidad otra, derivada del nuevo Derecho público económico elaborado por los respectivos legisladores autonómicos y que introduce un factor añadido de complejidad adicional en el sistema.
Desde esa dimensión interna del Derecho Internacional Privado (DIPr.) el artículo 149.1.8 CE se traduce en la opción por un sistema estatal, y por tanto, uniforme, de Derecho interregional. Tal unidad del sistema de solución de conflictos, junto a otros principios estructurales del sistema (como la igualdad o paridad entre los diversos ordenamientos civiles coexistentes), con incidencia en el ámbito de problemas de Derecho privado, ha sido ya objeto de interpretación por parte del TC, estableciendo los parámetros hermenéuticos básicos para delimitar los límites del legislador estatal y determinar el grado de discrecionalidad de éste en ejercicio de su facultad de configuración del sistema de solución de tales conflictos internos.
Nuestro sistema de solución de conflictos internos gira, en ausencia de una específica ley de Derecho interregional, en torno al artículo 16 Cc, cuyas líneas básicas se articulan sobre la base de un principio de remisión a las normas de DIPr. (con ciertas excepciones) y el establecimiento de la vecindad civil como criterio de sujeción personal a los distintos ordenamientos civiles y único punto de conexión. La vecindad civil constituye un elemento básico para resolver los conflictos de leyes en el ámbito interregional, en cuanto principio general de vinculación y como técnica para determinar la sujeción a un determinado ordenamiento civil.
Y cabe afirmar que, en realidad, carecemos de un verdadero sistema de Derecho Interregional (laguna agudizada por el incumplimiento legislativo, recogido en la nueva LEC, de aprobación de una futura ley de cooperación jurídica internacional, y por la persistencia de un atomizado, disperso y en buena parte obsoleto conjunto deformas de DIPr). Ello conduce a una permanente judicialización de tales conflictos normativo/competenciales internos, que se verá sin duda incrementada por el escenario normativo derivado de las previsiones establecidas en los nuevos Estatutos de Autonomía.
3. En efecto, deviene característica común a todas (excepto Andalucía, que incorpora a su vez un matiz innovador sorprendente, como luego será comentado) las nuevas normas Estatutarias aprobadas la referencia al Derecho civil Foral propio (con denominaciones diferenciadas, y que revelan matices de interés competencial) como elemento troncal del reconocimiento de la personalidad diferenciada de tales CCAA, y se subraya de hecho la alusión expresa a las respectivas vecindades civiles valenciana, catalana, aragonesa y balear como norma de conflicto aplicable a la resolución de los conflictos de leyes, así como su dimensión y eficacia extraterritorial (se menciona así, por ejemplo, la aplicación de tales derechos civiles forales especiales “con independencia de donde se resida” (art.3º Estatuto Valenciano).
Por su parte, el artículo 5 del Estatuto Catalán, al aludir a los derechos históricos, señala “el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con el Derecho civil”; y el artículo 14 alude a “la eficacia territorial de las normas, sin perjuicio de situaciones que deban regirse por el estatuto personal u otras normas de extraterritorialidad”, previsión reforzada en el artículo 115. En este caso se alude a Derecho Civil, y se elimina el adjetivo “foral”, sutil forma de potenciar un desarrollo material que podría superar los contornos del siempre complejo art.149.1.8 CE.
En el ámbito de la CCAA de Illes Balears, el artículo 87 del Estatuto alude a “Derecho propio de las Illes Balears”, y en otros preceptos acoge la fórmula catalana, al recurrir a la denominación de Derecho civil.
Tal y como antes ha sido apuntado, resulta sorprendente la alusión contenida en el Estatuto Andaluz, que va más allá de las previsiones del artículo 149.1.8 CE, tras señalar (artículo 7) que las normas autonómicas podrán tener eficacia extraterritorial cuando así se deduzca de su naturaleza” (orientación reiterada posteriormente en el art.43, subrayando la posible eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y actos de la Junta de Andalucía), y al crear un binomio normativo ex novo, y sin preexistencia de Derecho civil foral, al aludir a normas autonómicas (art.7) y a Derecho propio de Andalucía (art.8).
En el ámbito del Estatuto Aragonés se alude ya en su exposición de motivos a que el Derecho foral es seña de identidad de su historia, argumento reiterado en su artículo 1º. Y en su artículo 9º subraya la posible extraterritorialidad de aquellas situaciones que hayan de regirse por el estatuto personal u otras reglas de extraterritorialidad, junto al reconocimiento expreso de la eficacia personal del Derecho Foral de Aragón, sobre la base (art.9º) de la vecindad civil aragonesa, de forma que tal ordenamiento foral será aplicable a quienes la ostenten con independencia del lugar de su residencia.
4. Junto a la dimensión tradicional de los conflictos internos planteados en el seno del sistema español, derivada de la pluralidad de los Derechos civiles, y la referencia a la vecindad civil como conexión para determinar la ley personal, han surgido, fruto del desarrollo de las previsiones Constitucionales y de los respectivos EEAA, en el marco de una estructura de Estado no uniforme, caracterizado por la atribución de poderes legislativos a las CCAA, numerosos problemas de delimitación del ámbito de vigencia de los diferentes ordenamientos, e incluso, la presencia de conflictos de leyes internos en materias que trascienden a los ámbitos tradicionales. Y, a su vez, no debe olvidarse la novedosa regulación contenida en los cinco Estatutos citados, en materias vinculadas a los Derechos Sociales, Deberes y políticas públicas conectadas con el Capítulo III del Título I de la Constitución, en materia de igualdad personal y territorial, medio ambiente, atención a la tercera edad, patrimonio o cultura, entre otros.
Este novedoso ámbito es consecuencia del ejercicio por parte de las CCAA de sus respectivas competencias exclusivas, conforme al reparto competencial diseñado en el llamado bloque de la constitucionalidad. Dicho pluralismo se manifiesta en sectores que, desde el punto de vista de la legislación emanada por los legisladores autonómicos respectivos, cabe calificar de públicos, ya que, como ha indicado la STC 264/93, de 22 de julio tal regulación autonómica debe ceñirse "Al ámbito de las relaciones jurídico públicas, impidiendo o tutelando las prácticas lesivas de los intereses tutelados, definiendo las conductas exigibles en congruencia con tales intereses y estableciendo las sanciones administrativas pertinentes".
5. La nueva dimensión de los conflictos internos, que corresponde al llamado Derecho público económico atiende como premisa básica al reparto o distribución competencial entre el Estado y las CCAA articulado en el Título VIII de la CE, y viene caracterizado por factores específicos como el recurso, dentro de las técnicas de reglamentación, a la unilateralidad como solución de base, y deberá atenderse a problemas derivados de las conexiones empleadas, bien por el legislador autonómico o por el estatal.
Las normas dictadas por las CCAA deben necesariamente determinar su ámbito de aplicación, ya que su ejercicio se concreta por referencia al territorio donde deben ser aplicadas.
El reparto o distribución competencial diseñado en el Título VIII de la CE tiene como exigencia la necesaria delimitación del ámbito de aplicación de la normativa autonómica, y en consecuencia la norma de conflicto, unilateral o bilateral, determinará la ley aplicable. Pero frente a una técnica multilateral, habrá materias para las cuales ésta se revelará como inadecuada, de forma que será preferible acudir a la elaboración de normas de conflicto unilaterales, que se centrarán en fijar el ámbito de aplicación en el espacio de la propia norma.
En efecto, el verdadero problema a solucionar deriva de la posibilidad de conflictos, positivos o negativos, como consecuencia del hecho de que cada CCAA puede ejercer de manera diferente sus posibilidades de delimitación y, en consecuencia, los destinatarios de la normativa pueden variar. Por ello, deberá atenderse a los vínculos territoriales exigidos para la aplicabilidad de la norma y el concurso acumulado de conexiones reflejará, entre otros factores, la exigencia de un mayor rigor en cuanto a las exigencias de aplicabilidad del sistema.
Debe atenderse, por tanto, a las complejas relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómicos en materia de Derecho Público económico. Numerosas sentencias del TC destacan que en este ámbito material se produce un complejo entrecruzamiento de títulos competenciales, tanto estatales como autonómicos.
Juan José Álvarez Rubio, catedrático DIpr; UPV/EHU
2. La estructura interna de nuestro sistema jurídico español queda integrada por todo un conjunto de normas destinado a resolver los llamados conflictos internos, derivados de la coexistencia en nuestro país de los diversos ordenamientos civiles forales frente al Derecho común. El sistema jurídico español se ubica en el grupo de los ordenamientos complejos o pluralistas, caracterizado por la presencia de conflictos internos de carácter interterritorial. La Constitución constituye la regla base sobre la que se articula este nivel, que atiende a supuestos del llamado tráfico jurídico interregional y cuya delimitación ratione materiae revela un ámbito material centrado, hasta el presente, en específicos sectores del Derecho de familia (básicamente, matrimonio y sucesiones), junto a cuestiones vinculadas al concepto de propiedad, y sólo en la vertiente de ley aplicable.
Sin embargo, junto a la que cabría calificar como dimensión tradicional de los conflictos internos se añade en la actualidad otra, derivada del nuevo Derecho público económico elaborado por los respectivos legisladores autonómicos y que introduce un factor añadido de complejidad adicional en el sistema.
Desde esa dimensión interna del Derecho Internacional Privado (DIPr.) el artículo 149.1.8 CE se traduce en la opción por un sistema estatal, y por tanto, uniforme, de Derecho interregional. Tal unidad del sistema de solución de conflictos, junto a otros principios estructurales del sistema (como la igualdad o paridad entre los diversos ordenamientos civiles coexistentes), con incidencia en el ámbito de problemas de Derecho privado, ha sido ya objeto de interpretación por parte del TC, estableciendo los parámetros hermenéuticos básicos para delimitar los límites del legislador estatal y determinar el grado de discrecionalidad de éste en ejercicio de su facultad de configuración del sistema de solución de tales conflictos internos.
Nuestro sistema de solución de conflictos internos gira, en ausencia de una específica ley de Derecho interregional, en torno al artículo 16 Cc, cuyas líneas básicas se articulan sobre la base de un principio de remisión a las normas de DIPr. (con ciertas excepciones) y el establecimiento de la vecindad civil como criterio de sujeción personal a los distintos ordenamientos civiles y único punto de conexión. La vecindad civil constituye un elemento básico para resolver los conflictos de leyes en el ámbito interregional, en cuanto principio general de vinculación y como técnica para determinar la sujeción a un determinado ordenamiento civil.
Y cabe afirmar que, en realidad, carecemos de un verdadero sistema de Derecho Interregional (laguna agudizada por el incumplimiento legislativo, recogido en la nueva LEC, de aprobación de una futura ley de cooperación jurídica internacional, y por la persistencia de un atomizado, disperso y en buena parte obsoleto conjunto deformas de DIPr). Ello conduce a una permanente judicialización de tales conflictos normativo/competenciales internos, que se verá sin duda incrementada por el escenario normativo derivado de las previsiones establecidas en los nuevos Estatutos de Autonomía.
3. En efecto, deviene característica común a todas (excepto Andalucía, que incorpora a su vez un matiz innovador sorprendente, como luego será comentado) las nuevas normas Estatutarias aprobadas la referencia al Derecho civil Foral propio (con denominaciones diferenciadas, y que revelan matices de interés competencial) como elemento troncal del reconocimiento de la personalidad diferenciada de tales CCAA, y se subraya de hecho la alusión expresa a las respectivas vecindades civiles valenciana, catalana, aragonesa y balear como norma de conflicto aplicable a la resolución de los conflictos de leyes, así como su dimensión y eficacia extraterritorial (se menciona así, por ejemplo, la aplicación de tales derechos civiles forales especiales “con independencia de donde se resida” (art.3º Estatuto Valenciano).
Por su parte, el artículo 5 del Estatuto Catalán, al aludir a los derechos históricos, señala “el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con el Derecho civil”; y el artículo 14 alude a “la eficacia territorial de las normas, sin perjuicio de situaciones que deban regirse por el estatuto personal u otras normas de extraterritorialidad”, previsión reforzada en el artículo 115. En este caso se alude a Derecho Civil, y se elimina el adjetivo “foral”, sutil forma de potenciar un desarrollo material que podría superar los contornos del siempre complejo art.149.1.8 CE.
En el ámbito de la CCAA de Illes Balears, el artículo 87 del Estatuto alude a “Derecho propio de las Illes Balears”, y en otros preceptos acoge la fórmula catalana, al recurrir a la denominación de Derecho civil.
Tal y como antes ha sido apuntado, resulta sorprendente la alusión contenida en el Estatuto Andaluz, que va más allá de las previsiones del artículo 149.1.8 CE, tras señalar (artículo 7) que las normas autonómicas podrán tener eficacia extraterritorial cuando así se deduzca de su naturaleza” (orientación reiterada posteriormente en el art.43, subrayando la posible eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y actos de la Junta de Andalucía), y al crear un binomio normativo ex novo, y sin preexistencia de Derecho civil foral, al aludir a normas autonómicas (art.7) y a Derecho propio de Andalucía (art.8).
En el ámbito del Estatuto Aragonés se alude ya en su exposición de motivos a que el Derecho foral es seña de identidad de su historia, argumento reiterado en su artículo 1º. Y en su artículo 9º subraya la posible extraterritorialidad de aquellas situaciones que hayan de regirse por el estatuto personal u otras reglas de extraterritorialidad, junto al reconocimiento expreso de la eficacia personal del Derecho Foral de Aragón, sobre la base (art.9º) de la vecindad civil aragonesa, de forma que tal ordenamiento foral será aplicable a quienes la ostenten con independencia del lugar de su residencia.
4. Junto a la dimensión tradicional de los conflictos internos planteados en el seno del sistema español, derivada de la pluralidad de los Derechos civiles, y la referencia a la vecindad civil como conexión para determinar la ley personal, han surgido, fruto del desarrollo de las previsiones Constitucionales y de los respectivos EEAA, en el marco de una estructura de Estado no uniforme, caracterizado por la atribución de poderes legislativos a las CCAA, numerosos problemas de delimitación del ámbito de vigencia de los diferentes ordenamientos, e incluso, la presencia de conflictos de leyes internos en materias que trascienden a los ámbitos tradicionales. Y, a su vez, no debe olvidarse la novedosa regulación contenida en los cinco Estatutos citados, en materias vinculadas a los Derechos Sociales, Deberes y políticas públicas conectadas con el Capítulo III del Título I de la Constitución, en materia de igualdad personal y territorial, medio ambiente, atención a la tercera edad, patrimonio o cultura, entre otros.
Este novedoso ámbito es consecuencia del ejercicio por parte de las CCAA de sus respectivas competencias exclusivas, conforme al reparto competencial diseñado en el llamado bloque de la constitucionalidad. Dicho pluralismo se manifiesta en sectores que, desde el punto de vista de la legislación emanada por los legisladores autonómicos respectivos, cabe calificar de públicos, ya que, como ha indicado la STC 264/93, de 22 de julio tal regulación autonómica debe ceñirse "Al ámbito de las relaciones jurídico públicas, impidiendo o tutelando las prácticas lesivas de los intereses tutelados, definiendo las conductas exigibles en congruencia con tales intereses y estableciendo las sanciones administrativas pertinentes".
5. La nueva dimensión de los conflictos internos, que corresponde al llamado Derecho público económico atiende como premisa básica al reparto o distribución competencial entre el Estado y las CCAA articulado en el Título VIII de la CE, y viene caracterizado por factores específicos como el recurso, dentro de las técnicas de reglamentación, a la unilateralidad como solución de base, y deberá atenderse a problemas derivados de las conexiones empleadas, bien por el legislador autonómico o por el estatal.
Las normas dictadas por las CCAA deben necesariamente determinar su ámbito de aplicación, ya que su ejercicio se concreta por referencia al territorio donde deben ser aplicadas.
El reparto o distribución competencial diseñado en el Título VIII de la CE tiene como exigencia la necesaria delimitación del ámbito de aplicación de la normativa autonómica, y en consecuencia la norma de conflicto, unilateral o bilateral, determinará la ley aplicable. Pero frente a una técnica multilateral, habrá materias para las cuales ésta se revelará como inadecuada, de forma que será preferible acudir a la elaboración de normas de conflicto unilaterales, que se centrarán en fijar el ámbito de aplicación en el espacio de la propia norma.
En efecto, el verdadero problema a solucionar deriva de la posibilidad de conflictos, positivos o negativos, como consecuencia del hecho de que cada CCAA puede ejercer de manera diferente sus posibilidades de delimitación y, en consecuencia, los destinatarios de la normativa pueden variar. Por ello, deberá atenderse a los vínculos territoriales exigidos para la aplicabilidad de la norma y el concurso acumulado de conexiones reflejará, entre otros factores, la exigencia de un mayor rigor en cuanto a las exigencias de aplicabilidad del sistema.
Debe atenderse, por tanto, a las complejas relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómicos en materia de Derecho Público económico. Numerosas sentencias del TC destacan que en este ámbito material se produce un complejo entrecruzamiento de títulos competenciales, tanto estatales como autonómicos.
Juan José Álvarez Rubio, catedrático DIpr; UPV/EHU
La REEI es una publicación de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Quieres recibir un aviso en tu correo electrónico cuando se publique el próximo número de la REEI?
La publicación de trabajos en la REEI está abierta a cualquier especialista en los temas relativos a Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Relaciones Internacionales.
Web of Science ESCI (Emerging Sources Citation Index), ERIHPlus (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas), DOAJ (Directory of Open Access Journals), PAIS INTERNATIONAL, LATINDEX CATÁLOGO v. 1.0 y v. 2.0, ULRICH'S, DULCINEA, CARHUS Plus+ 2018, DIALNET, VLEX, CIRC (Clasificación integrada de revistas jurídicas), ÍnDICEs-CSIC. SCOPUS (Q3).
¿Quieres compartir o recomendar este documento con tus contactos? Puedes hacerlo mediante las siguientes opciones para compartir:
